No comprendo la tozudez del Gobierno al empeñarse, contra viento y marea, en no asignar los fondos que corresponden al renglón Educación en el presupuesto de gastos públicos como lo manda la ley.
Bastaría, como argumento para convencer al Gobierno de que debe modificar su actitud, recordar que existe una ley que establece que cada año hay que apartar un 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, y nosotros violamos nuestras propias leyes cuando solamente dedicamos cerca de un 2% para esos fines.
Pero si ello no bastara, el Gobierno no debe tampoco prestar oídos sordos al clamor nacional que demanda el ya famoso 4% como clave para alcanzar el desarrollo tanto educacional como institucional y económico.
No son solamente voces autorizadas de académicos y figuras públicas de todos los colores políticos las que día a día se suman al reclamo por el 4%, sino también expertos dentro del propio partido gobernante y hasta consultores extranjeros contratados por el mismo Gobierno para que le presenten planes de desarrollo integral.
Se dice, en las obstinadas esferas oficialistas, que no hay dinero para cumplir con la ley del 4%. Pero la ley es la ley, entonces comencemos por suprimir el inmoral ‘barrilito’, ajustemos la nómina del Gobierno a la realidad, bajemos la velocidad al Metro y eliminemos los gastos superfluos, hasta llegar al 4%.
De que se puede, se puede… si se quiere.
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