Escrito por: Henry Molina (henry@henrymolina.com)
Frente al tema del 4% del PIB para la educación, se manifiesta una contradicción que define uno de los déficits más importantes en nuestra sociedad en cuanto Estado de Derecho: la contradicción de que miembros del órgano que dispone las leyes justifiquen el incumplimiento de las mismas.
Si la coalición de sectores que reclaman la observancia de la ley de educación lograra convencer a nuestras autoridades de cambiar sus modos de actuación y cumplir con su propia legalidad, comenzaríamos a superar la costumbre de disponer legislaciones y establecer acuerdos de política pública que no se tiene la intención de cumplir.
Comenzaríamos a trillar el camino del buen gobierno.
Y este propósito no es menos importante que el de desarrollar nuestros recursos humanos y avanzar en la equidad social, sino que lo complementa como factor fundamental del desarrollo humano.
Por eso la resistencia a cumplir con lo que establece la ley no debe desanimar a la coalición por una educación digna ni a las demás entidades involucradas en este proceso: hay que revisar los plazos y definir el itinerario a seguir.
Una idea R2 es que independientemente de los resultados inmediatos de las acciones de reclamo se definan dos grandes tareas de diseño y educación de la opinión pública: la primera sería la de analizar el presupuesto que se apruebe y su ejecución, explicando los cambios en la asignación y ejecución de gastos que permitirían cumplir con las necesidades de la educación dominicana.
La segunda sería desarrollar un amplio programa de actividades de información y comunicación sobre las reformas en el modelo y sistema educativo que irían desarrollándose según se incrementara la partida de gasto en educación.
Me sumo a la coalición para aportar en ambos sentidos. Hoy acudiré a firmar el justo reclamo.
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