Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J. | perspectivaciudadana.com | 10-12-2010
En los últimos años hemos visto cómo el modelo adoptado como Nación estimula a que la gestión de los bienes públicos pase a manos privadas. La incapacidad del Estado para ofrecer servicios de calidad a todos-as los-as ciudadanos-as, ha impulsado el incremento de la demanda de los servicios privados. La educación, entendida como bien público, no está fuera de esta trampa; y frente a las deficiencias del sistema educativo público la única alternativa aparente para las familias ha sido acudir a la educación privada, como ha sido común también con otros servicios: resolver un problema colectivo de carácter público con soluciones individuales privadas.
La Constitución dominicana establece en su artículo 63 que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades (…)”. Sigue el mismo artículo en su acápite 3: “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio”. Sin embargo los indicadores tradicionales cuestionan el cumplimiento de este mandato constitucional. Hablamos de una situación alarmante a nivel país en dónde en promedio el 11.70% (casi un 30% en la región el Valle) de la población mayor de 15 años, no sabe leer ni escribir. ¿Qué significa esto? Personas que ejercen una vida activa, muchas veces en el mundo laboral, una vida comunitaria que les excluye de muchas formas de participación. Personas a las que se les ha impedido el simple derecho de leer en una reunión comunitaria, la prensa, sus creencias, etc. Es decir que casi el 12% de las personas de nuestro país tiene una participación social truncada y le es violado un derecho fundamental, comprometido constitucionalmente.
Además al ocupar el lugar 127 en la calidad de la educación entre 131 países del mundo, al exhibir una tasa de matriculación neta inicial de 33.1% y al ser uno de los países que menos invierte en educación (históricamente menos del 2.5% del PIB) demuestran que la integralidad, la calidad y la permanencia en igualdad de condiciones y oportunidades del derecho a la educación no están garantizadas. Tenemos pues sistemas educativos que varían según el quintil de la población en que se encuentren las familias. Pero ¿qué significa esto?
En el año escolar 2009-2010 la educación privada era cubierta por el 36% de los 10,235 centros educativos existentes en el país, los cuales atendían el 25% de la matrícula estudiantil total. Estos centros privados cubren el 54% de la matrícula en el nivel inicial, el 22% del nivel básico y el 25% del nivel medio. Hay autores que plantean que si bien los sectores medios y altos se educan casi exclusivamente en instituciones educativas privadas, el colegio privado es utilizado cuatro veces más por los sectores pobres que por los ricos. La mayor presencia de la educación privada en estos niveles pobres podría estar vinculada a la menor expansión de la cobertura del sistema público en los mismos. Es decir, las familias de más altos ingresos acuden a colegios privados. Pero igual ocurre con muchas de las familias empobrecidas: dadas las múltiples deficiencias de cobertura entre otras cosas que tiene el sistema público, tienen que acudir a colegios privados.
Un caso que refleja los elevados niveles de privatización de la educación lo es la Región Ozama en donde casi el 67% de los centros educativos para el año escolar 2008-2009 son privados y cubren apenas el 39% de la matrícula. Mientras el 29.40% de los centros educativos públicos cubren el 57%.
| PUBLICO | PRIVADO | SEMIOFICIAL |
Centros | 29.40% | 66.90% | 3.70% |
Estudiantes | 57.76% | 38.99% | 3.24% |
Fuente: Ministerio de Educación | |||
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2007 refuerzan estos planteamientos arrojando estimaciones de que el 10% de la población más pobre destinaba casi el 20% de sus ingresos a educación y el 10% de la población más rica apenas el 4.23%.
Ahora bien, ¿acceder a la educación privada garantiza efectivamente la calidad que el sistema público no ofrece? La respuesta es no. En el año 2000 el Ministerio de Educación, con el fin de regularizar las tarifas de los centro privados, realizó una evaluación de los colegios encontrando que el 75% no alcanzaba la mitad de la calificación promedio en la profesionalización y sólo el 39% alcanzó la calificación máxima en el equipamiento. Por otra parte, los resultados promedio en las pruebas nacionales demuestran que la diferencia no es significativa entre sectores, alcanzando 73.1 puntos el sector público y 74.9 puntos el privado.
Una vez más, los hogares con menores niveles de ingreso son los que llevan la carga más pesada al enfrentarse ante una encrucijada que los obliga a elegir entre el mal mayor y el mal menor. El reclamo por una mayor inversión en educación es una voz única y viva de todos-as los dominicanos-as, la cual se intensifica al ver que en el año 2011, según el Proyecto de Presupuesto Nacional, asigna una pobre inversión de un 2.37% a educación cuando la Ley 66-97 plantea un mínimo de un 4%.
El problema de la educación permea lo público y lo privado, hecho este que plantea la necesidad de que el Estado asuma de una vez por todas su rol de garante del artículo 63 de la Constitución. Garantizar el derecho a la educación, es una necesidad imperante e impostergable de cara a lograr la revalorización de lo público y librarnos de cargar con las ineficiencias del Estado. Cumplir el rol de ser vigilante del sector privado, pero sobre todo de proveer una oferta pública universal y con calidad depende por un lado dotar de los recursos necesarios establecidos, aún cuando sea más de los que plantea la ley y por otro de invertir esos recursos en los planes decenales y estratégicos existentes, acorde con las necesidades educativas de toda la geografía nacional.
Pongamos fin a la elección del mal menor.
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